José Miguel Luengo Gallego, el actual alcalde de San Javier y miembro del Partido Popular, se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a su estrecha relación con una empresa contratista que busca obtener un contrato de 247 millones de euros en el municipio.
Luengo Gallego sorprendentemente trabajó en la empresa constructora José Díaz García S.A. durante tres años. Esta misma empresa se encargará de llevar a cabo todas las obras civiles propuestas por la filial de FCC para gestionar el suministro de agua y el alcantarillado en la población murciana.
A pesar de las investigaciones en curso por parte de la fiscalía, se espera que la aprobación del contrato se lleve a cabo en el pleno municipal de este jueves, con el respaldo mayoritario del Partido Popular.
El perfil público de LinkedIn de José Miguel Luengo Gallego revela su empleo como ingeniero de obras públicas en José Díaz García S.A. durante tres años. Este empleo es particularmente significativo, ya que dicha empresa es el principal contratista propuesto por Aqualia para llevar a cabo todas las obras civiles relacionadas con el suministro de agua y el alcantarillado. Esta revelación se suma a la creciente preocupación sobre posibles conflictos de interés en el proceso de licitación del servicio de agua en el municipio murciano.
Luengo Gallego, que es un técnico superior en topografía y urbanismo e ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en urbanismo, comenzó su relación laboral con el contratista de Aqualia en 2008. Durante ese tiempo, estuvo a cargo de dirigir estudios y proyectos de obras de carreteras, ferrocarriles, puertos, así como de captación, distribución y depuración de aguas.
Además de ser alcalde de San Javier, Luengo Gallego también es presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano responsable de la adjudicación de contratos públicos. La Mesa de Contratación aprobó en septiembre la propuesta de Aqualia como la empresa seleccionada para gestionar el contrato de 247 millones de euros, el más lucrativo de todos los que se han licitado a nivel municipal.
Estos hallazgos han suscitado serias dudas sobre si la relación laboral previa del alcalde pudo haber influido en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia.
El ayuntamiento se apresura a conceder el contrato a Aqualia en una reunión del pleno municipal, a pesar de que aún no se ha agotado el plazo para presentar recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TacRC). Esto podría resultar en costos adicionales significativos si se admiten recursos y se revierte el proceso de contratación.
Además, la investigación de la Fiscalía de Cartagena, que aún no ha concluido, ha advertido sobre indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa en el proceso de licitación del contrato de agua.
A pesar de los intentos del alcalde por justificar la licitación, un análisis de la documentación disponible en la plataforma de contratación revela que no toda la información del expediente está disponible. Además, gran parte de los contenidos publicados por los ofertantes y en los informes de la consultoría externa contratada para crear y evaluar las propuestas están censurados por motivos de confidencialidad, lo que dificulta el acceso a información completa y legítima.
El partido de la oposición en el ayuntamiento, Pleamar, ha señalado el posible conflicto de intereses entre la consultora y el concurso público. Ingeagua invitó a FCC Aqualia a participar en la adjudicación debido a que Aqualia es uno de sus clientes. Las valoraciones otorgaron la máxima puntuación posible a Aqualia, y al abrir los sobres de la oferta económica, se constató que la oferta de Aqualia superaba en más de 16 millones el límite permitido y se situaba un 56% por encima de las ofertas de otros concursantes.
Este escenario complejo plantea importantes interrogantes sobre la transparencia e integridad del proceso de licitación y ha llevado a llamados a la vigilancia y denuncias ciudadanas.
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