MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, en su reunión semanal de los viernes, ha mostrado su “más firme repulsa” al acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, ya que “indudablemente supone un duro golpe a nuestro régimen democrático y al Estado de Derecho”.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Rebeca Pérez, que ha mostrado su preocupación por la situación actual, dado que el contenido de esos acuerdos que es “inaceptable e inasumible”.
Y es que, ha manifestado, “esas concesiones que vienen recogidas con la condonación de la deuda o la cesión de los tributos, de la totalidad de los tributos a Cataluña, nos deja en una situación muy desfavorable al resto de territorios”.
Según ha advertido, “crea un desequilibrio, una desigualdad muy importante que afecta, de una manera muy especial, a los ayuntamientos”. Así, ha asegurado que se ha analizado dicha situación y se ha puesto de relevancia “la complicada situación a la que se enfrenta España con motivo de esos acuerdos de investidura, esas condonaciones de la deuda, esa cesión del 100% de los tributos y que hacen que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
En clave económica, ha explicado que el Ayuntamiento realiza, en estos momentos, “una revisión de ese índice de cálculo del Fondo Complementario del Estado”.
Tras hacer referencia a la “diferencia de financiación” entre unas ciudades y otras, a modo de ejemplo ha comentado que mientras que el Consistorio murciano “recibe un millón de euros aproximadamente, a razón alrededor de 200 euros por habitante, hay otras ciudades que tienen una financiación mucho más favorable, como es el caso de Sevilla con 390 euros, Valencia 370 euros o Málaga 360 euros”.
Por ello, desde el Ayuntamiento se ha solicitado al Ministerio y al Gobierno de España “esa revisión del índice de cálculo del Fondo Complementario del Estado para que se financie a la ciudad de Murcia, a esta séptima capital de España, como se merece”.
Considera, así, que “no somos los únicos que hemos manifestado esta preocupación, sino que es una preocupación generalizada de toda la sociedad, incluso las principales asociaciones de jueces ya se han pronunciado advirtiendo que esto supone una intromisión en la independencia judicial y una quiebra en la separación de poderes”.
Ha recordado, al hilo, que el Pleno de la Corporación “se manifestó ya en último Pleno ordinario, donde se aprobó una moción contundente en contra de esa ley de amnistía de los políticos catalanes que convocaron ese referéndum ilegal y que ahora pactan con el Gobierno de España”.
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