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El Consumo realizará 15,000 inspecciones en la Región para supervisar más de 150,000 unidades de productos de diversos sectores

El Plan de Inspección 2024 contempla 28 campañas, 25 nacionales y tres regionales

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El Plan de Inspección de Consumo de la Región de Murcia para 2024, que este viernes publica el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), prevé la realización de 15.000 actuaciones inspectoras, con las que se pretende controlar más de 150.000 unidades de productos de diferentes sectores en las 28 campañas de inspección programadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, a través de la Dirección General de Consumo.

El consejero Luis Alberto Marín ha explicado durante la presentación del Plan que las campañas programadas contemplan la toma de muestras de productos para comprobar el cumplimiento de las normas vigentes y otras actividades de control como, por ejemplo, los estudios y la prospección de mercado, “con el fin de obtener información valiosa que permita evaluaciones de riesgo y conocer la situación del mercado en cada momento”, ha señalado.

La planificación comprende 11 campañas centradas en el control de alimentos, 10 campañas de inspección de control de productos industriales y juguetes y siete campañas de inspección de servicios. Del total, 25 campañas son programadas a nivel nacional y tres a nivel regional. Las programadas en la Región de Murcia se centran en la compraventa de vehículos usados, de servicios de reparación de pequeños electrodomésticos que se anuncian por internet, y de servicios de restauración.

El consejero ha destacado que el objetivo del Gobierno regional con la ejecución del Plan de Inspección de Consumo 2024 “es velar para que los diversos operadores económicos que ofrecen sus productos o servicios a los consumidores de la Región cumplan la normativa legal que es de aplicación. El Plan de Inspección constituye un elemento básico para que los inspectores desarrollen de forma eficaz y coordinada el control del mercado en la Región, y tiene como finalidad principal proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores”, ha añadido Marín.

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En la programación de actuaciones elaborada por la Dirección General de Consumo se tiene en cuenta los resultados, incidencias e incumplimientos detectados en otras campañas, y la información sobre quejas y reclamaciones recogidas. Asimismo, este año se va a realizar “un importante esfuerzo en toma de muestras y análisis de alimentos y productos no alimenticios para verificar la calidad y perseguir el posible fraude”, añadió el consejero.

En concreto, se van a analizar 12 tipos de alimentos diferentes, tales como aceite de oliva, mantequilla, conservas vegetales, chocolates, pastas, postres, alimentos ecológicos y alimentos de calidad diferenciada, entre otros. Paralelamente, la incidencia en el control de la calidad y seguridad de los productos va a recaer sobre 10 tipos diferentes, entre los que se encuentran juguetes, patinetes, ropa infantil, calzado infantil, equipos de protección individual (EPI), detergentes, neumáticos y artículos de puericultura.

POSIBLES IRREGULARIDADES

El consejero ha recordado que en caso de detectar irregularidades en los artículos o servicios que puedan afectar a la seguridad de las personas que las utilicen, se procede a la valoración del riesgo, pudiendo incluir el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo. Esta red, que opera a nivel europeo, funciona como un sistema de intercambio rápido de información para detectar y proceder a la aprehensión de productos inseguros con la mayor agilidad posible e impedir con premura su comercialización, ya sea a través de la inmovilización o destruyéndolos.

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Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo, como, por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano, se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

El Plan de Inspección 2024 también incluye acciones de información y asesoramiento dirigido a sectores empresariales sobre la legislación vigente. En esta línea de acción, “se trabaja buscando el consenso con las principales organizaciones empresariales de cada sector, con el objetivo de potenciar el cumplimiento por parte de las empresas tanto de la normativa general, como la específica aplicable, e ir un paso más allá, estableciendo compromisos adicionales que redunden en beneficio de los consumidores”, señaló Marín.

BALANCE DEL PLAN 2023

En relación a las actuaciones realizadas por los inspectores de Consumo en la Región, y como avance a la Memoria de Actividades 2023, el consejero destacó el control el pasado año de 558.000 unidades de alimentos y productos, de los cuales 7.338 han sido destruidas por presentar riesgo grave para la seguridad y salud de las personas consumidoras.

El año pasado se realizaron 44 campañas, 42 nacionales y dos regionales, mientras que este año, las campañas fijadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se han reducido a 25, y las regionales han sumado una más, alcanzado las tres campañas. “Esto explicaría que el número de unidades de producto inspeccionadas el pasado año sea mayor que lo estimado para este año”, según ha explicado el consejero.

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Asimismo, a un total de 339.109 unidades se les ha permitido su reetiquetado bajo la vigilancia de la Inspección y su puesta nuevamente en el mercado, al presentar etiquetados defectuosos. En este apartado, cabe destacar la operación realizada el pasado año en una actuación coordinada entre Consumo y varias unidades de la Guardia Civil, relativa a la inmovilización de más de 120.000 unidades de productos de alimentación e higiene listos para vender en la Región por carecer de etiquetado español.

Por otro lado, el año pasado se detectó por parte de los inspectores que 43.622 productos no cumplían con la normativa vigente y se obligó a su retirada del mercado. Además, de los productos inspeccionados, 169.120 unidades fueron rechazadas al intentar realizar las importaciones, ya que presentaban problemas de seguridad o no disponían de la documentación obligatoria para su entrada en el mercado de la UE. Estas acciones son también posibles gracias a la colaboración de la Inspección de Consumo y Aduanas, llevando a cabo la vigilancia de los operadores que importan o intentan importar productos defectuosos.

Por último, en 2023 se abrieron 59 expedientes sancionadores y se realizaron resoluciones de iniciación/liquidaciones por importe de 56.667, euros. Además, como consecuencia de la intervención de la Inspección de Consumo por denuncias interpuestas por consumidores ante incumplimientos de la normativa aplicable, éstos pudieron recuperar un total de 9.073 euros.


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