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El PP sugiere la inclusión de medidas de protección para los sanitarios en la próxima Ley de Salud

También plantea sanciones específicas para las personas que los agredan

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La próxima sesión del Pleno de la Asamblea Regional debatirá una moción registrada por el Grupo Parlamentario Popular para que la futura Ley de Salud incluya “medidas de protección para los sanitarios y sanciones específicas para las personas que los agredan”, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

De esta manera, el Grupo Popular plantea que la legislación recoja sanciones administrativas hacia el sujeto responsable de conductas violentas, incluidas las agresiones o conductas violentas que no comporten daño físico, así como sanciones cuando la agresión ocasione un daño patrimonial.

La iniciativa del PP también insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad a “seguir impulsando todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los profesionales de los centros sanitarios”.

Esta misma semana, el sindicato UGT ha denunciado la agresión sufrida por un médico del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Los hechos obligaron a intervenir a la Policía porque los familiares de un paciente atacaron al facultativo y amenazaron al resto del personal sanitario que estaba en la planta, tal y como detallan las mismas fuentes.

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El diputado regional del PP, e impulsor de esta moción, Antonio Martínez Pastor, señala que un informe de 2022 del Ministerio de Sanidad “muestra un incremento del número de agresiones a profesionales de centros sanitarios, siendo los trabajadores de Atención Primaria los más expuestos, ya que registran una tasa de notificación de agresiones que es 3,85 veces superior a la atención hospitalaria”.

Además, el 77% de las agresiones las sufren mujeres. Los médicos, seguidos de los administrativos y los enfermeros, son los que más ataques padecen de entre los profesionales que desarrollan su trabajo en centros sanitarios.

LAS CONSULTAS, LUGAR DONDE SE PRODUCEN LA MAYORÍA DE LAS AGRESIONES

En cuanto al tipo de agresión, las no físicas constituyen un 85% del total, y las consultas son el lugar donde se producen el mayor número. “Es destacable que en torno a un 20% de los responsables de la agresión son reincidentes”, lamenta el diputado del PP.

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Asimismo, Martínez Pastor señala que “resulta imprescindible, para trabajar en un entorno seguro, proteger a los profesionales del sector de la salud”.

Las agresiones a los profesionales del Servicio Nacional de Salud (SNS), “siguen siendo una realidad y un problema de gran relevancia que afecta a la integridad física, psicológica, y al bienestar de las personas que desempeñan su actividad profesional en el sector sanitario. Esto provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario”, ha apostillado.

En el ejercicio de su actividad profesional, todos los profesionales del SNS se enfrentan al riesgo de sufrir situaciones difíciles, conflictos, e incluso, casos de violencia en el entorno laboral. “Estas situaciones han ido creciendo cuantitativamente en los últimos años, y particularmente tras la pandemia”, ha afirmado Martínez Pastor.

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Por todo ello, “es preciso desarrollar e implantar medidas preventivas y, de manera simultánea, proporcionar a los profesionales en el ámbito sanitario protección frente a este tipo de violencia en su lugar de trabajo”, ha confirmado el diputado.

Las repercusiones en los sanitarios que se han visto tan afectados por estas situaciones han provocado renuncias al puesto de trabajo, cambios de domicilio, cambios de especialidad o actividad profesional, incremento del burnout y fuga de talento hacia otras especialidades o a otros países.

En definitiva, “situaciones que van contribuyendo al deterioro del sistema sanitario público en un contexto de falta de profesionales sanitarios como médicos o enfermeros”, lamenta el diputado popular.

El código penal identifica al profesional sanitario en caso de una agresión física, pero no lo hace suficientemente en caso de agresiones no físicas, como las verbales, las coacciones, las intimidaciones, los insultos y las amenazas. “Esto supone una gran impunidad y los casos continúan creciendo exponencialmente”, ha concluido Martínez Pastor.


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