San Javier se encuentra inmersa en un torbellino de inquietudes debido a la oferta económica desmedida presentada por Aqualia en el concurso para gestionar el suministro de agua potable y saneamiento de la localidad murciana. Este contrato, con una extensión de 20 años y un presupuesto de 247 millones de euros para las arcas municipales, marca un hito como uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia del municipio.
La propuesta final de Aqualia sobrepasa en un 56% las ofertas presentadas por otros competidores, lo que ha suscitado profundas preocupaciones sobre la asignación de recursos. Este exceso implicaría destinar un 17,5% del presupuesto anual del municipio, que asciende a 60 millones de euros, lo que ha desatado interrogantes acerca de la sostenibilidad financiera y la transparencia en el proceso. La propuesta de Aqualia, que incorpora las inversiones proyectadas durante el contrato, asciende a un total de 89 millones de euros, una cifra que supera en 29 millones la oferta de su competidor, cuyo gasto será asumido por las arcas municipales.
La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Javier, en una resolución unánime, emitió un informe favorable a la propuesta de FCC Aqualia, recomendando la adjudicación del contrato de concesión después de evaluar las justificaciones y afirmar que “ha quedado demostrado que los licitadores poseen la experiencia y capacidad técnica adecuadas”. Sin embargo, esta decisión ha generado aún más controversias debido a las circunstancias que rodean el proceso.
No solo el elevado coste ha generado controversias, sino que todo el proceso está marcado por la controvertida relación entre Ingeagua, la consultora externa encargada de redactar los pliegos y condiciones de la licitación, y FCC Aqualia, uno de sus clientes. Ingeagua otorgó a Aqualia la máxima puntuación posible en los criterios técnicos de valoración subjetiva, lo que ha planteado serias dudas sobre la imparcialidad del proceso y ha avivado las sospechas de corrupción.
La fiscalía ha aceptado la solicitud del grupo municipal Pleamar de investigar las graves irregularidades detectadas en el proceso de licitación y los posibles conflictos de interés entre Ingeagua y Aqualia. Pleamar continúa instando al gobierno municipal a paralizar la contratación hasta que se esclarezcan las acusaciones. Antonio López-Alemán, líder del grupo municipal, explicó que buscaron respuestas del ayuntamiento, pero no obtuvieron ninguna, lo que los llevó a presentar un dosier informativo a la fiscalía que finalmente condujo al inicio de la investigación.
La última decisión recae ahora en el pleno municipal, quien en una sesión extraordinaria deberá decidir si seguir adelante con la adjudicación del contrato o paralizarla hasta que la justicia se pronuncie.
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