Escándalo en el Ayuntamiento de San Javier por las trampas para aprobar la concesión del servicio de agua en un pleno extraordinario
El pleno extraordinario celebrado el pasado martes 3 de octubre se suma al tsunami de graves irregularidades en el proceso de adjudicación a Aqualia del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado por parte del Ayuntamiento de San Javier. Esta sesión plenaria, convocada de forma atropellada, tenía, en un principio, el objetivo de informar al resto de partidos políticos sobre el proceso de adjudicación. Finalmente, y ante la sorpresa de todos los asistentes y sin posibilidad de ruegos ni preguntas, sirvió para dar luz verde a la adjudicación. Fue gracias a los votos a favor de todos los miembros del gobierno municipal, frente a la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE, Pleamar y el grupo mixto.
El alcalde del municipio, José Miguel Luengo Gallego (PP), y la concejala de contratación, María del Mar Pérez Mateo, estuvieron en el centro de la polémica al defender el proceso de adjudicación, a pesar de las evidencias presentadas por los partidos de la oposición apuntan a la opacidad y múltiples irregularidades de este. Además de no atender las quejas de los partidos políticos, el gobierno municipal decidió seguir adelante con el proceso de licitación haciendo caso omiso a la investigación en curso que está llevando a cabo la Fiscalía de Cartagena, quien ya ha avanzado que observa indicios de criminalidad en todo el proceso de licitación.
Pérez Mateo, en un intento de justificar las ofertas anormalmente altas presentadas por algunas empresas, explicó que se encuentran dentro de los precios de mercado tras el informe remitido por Ingeagua, empresa ligada con Aqualia -ya que también es cliente de la consultoría- y quien les invitó a participar. Sin embargo, como ha podido descubrir este medio de comunicación, muchas de las publicaciones en la plataforma están prácticamente en blanco, y los informes de Ingeagua, empresa investigada por los tratos de favor hacia Aqualia y encargada de evaluar las ofertas, carecen de detalles justificativos sustanciales, utilizando términos imprecisos como “inferior” para describir las diferencias en los precios sin proporcionar cifras concretas.
El alcalde Luengo Gallego desestimó la posibilidad de suspender el procedimiento a pesar de las advertencias de la oposición sobre los posibles perjuicios para San Javier en caso de nulidad. Argumentó que el procedimiento era “impecable” y que el pleno era “solo un trámite sin opciones de ser recurrido”. El Ayuntamiento de San Javier sigue entorpeciendo el trabajo de la fiscalía, a quienes han remitido a la plataforma de contratación pública para justificar una licitación correcta. Pese a los intentos del alcalde de justificar la licitación, el análisis realizado a la documentación disponible revela que no toda la información del expediente está disponible en la plataforma, y gran parte de los contenidos publicados por los ofertantes e Ingeagua está censurada por motivos de confidencialidad, dificultando el poder acceder a información legítima.
Actitud chulesca de Luengo Gallego
La atmósfera en la sala se volvió tensa y preocupante cuando el alcalde, José Miguel Luengo Gallego, adoptó una actitud chulesca y recriminatoria hacia la oposición. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas planteadas, acusó a la oposición de intentar “sabotear el proceso de licitación”. En un gesto desafiante, el alcalde culpó a los críticos y a los medios de comunicación de la región de obstaculizar el desarrollo del municipio en lugar de responder a las inquietudes planteadas.
A la sospechosa e inamovible posición del Ayuntamiento de San Javier de conceder el contrato a la empresa favorita, Aqualia, se añade las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cartagena en relación con el proceso de adjudicación al observar presuntamente indicios de criminalidad por prevaricación administrativa. El escándalo ha generado un clima de desconfianza en el gobierno municipal y en los miembros de la Mesa de Contratación. Varios grupos políticos han exigido transparencia y rendición de cuentas por parte del Ayuntamiento de San Javier, así como la paralización del contrato hasta que no se aclaren todas las irregularidades cometidas.
Este no es el último capítulo del culebrón por la gestión del agua potable y alcantarillado en la localidad murciana. A pesar de los tejemanejes del alcalde y su equipo de gobierno, la aprobación definitiva debe pasar aún por el pleno ordinario de octubre, que está previsto para el próximo día 18. Una elección de fecha también polémica, ya que se encuentra en medio del plazo legal de presentación de recursos en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TarRC). Es decir, el Ayuntamiento de San Javier quiere adjudicar el contrato a Aqualia antes de finalizar el proceso legal de presentación de recursos a la adjudicación, lo que puede generar que se tenga que revertir el proceso de contratación, incrementando exponencialmente los gastos administrativos municipales para la contratación del servicio. Una imprudencia por interés político que acabarán pagando los propios ciudadanos de San Javier.
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