Escándalo de irregularidades en contratos de agua: dos países, un patrón
Un preocupante patrón de irregularidades en los procesos de licitación de contratos de suministro de agua potable ha surgido en España y Colombia, poniendo en tela de juicio la actuación de la empresa FCC Aqualia. En España, la Fiscalía ha detectado indicios de criminalidad en el proceso de licitación del suministro de agua en San Javier, mientras que en Colombia, varios políticos locales han sido imputados por supuestas irregularidades en los contratos otorgados a Aqualia para la gestión del agua.
El Modelo de Actuación de Aqualia
El escándalo en San Javier ha destacado un preocupante patrón en la estrategia de FCC Aqualia. Se ha observado que la empresa utiliza prácticas similares en sus licitaciones en diferentes partes del mundo. Este modelo de actuación busca obtener contratos lucrativos relacionados con la gestión del agua.
El Alcalde de Riohacha Imputado en Colombia
En Colombia, el alcalde de la región de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, se enfrenta a acusaciones judiciales por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a supuestas irregularidades en la administración municipal en la implementación del sistema integral de acueducto y alcantarillado en Camarones, Riohacha, otorgado a Aqualia. La justicia colombiana atribuye al alcalde la presunta violación de los principios de responsabilidad y planificación en el proceso de contratación.
Implicación de Funcionarios en Colombia
En este proceso legal en Colombia, varios miembros del comité evaluador, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, el director de Contratación y el tesorero del distrito también enfrentan acusaciones. La procuraduría los ha implicado al considerar que permitieron que “el oferente corrigiera el requisito de rentabilidad del activo”, comprometiendo el contrato. Todos estos funcionarios públicos responsables relacionados con la contratación de Aqualia enfrentan acusaciones y han sido suspendidos temporalmente de sus cargos públicos.
La Historia se Repite en San Javier
En el municipio murciano de San Javier, la situación parece repetir el patrón colombiano. El proceso de licitación del contrato de gestión de agua en San Javier ha sido objeto de investigación debido a sospechas de irregularidades. La empresa consultora Ingeagua, que tiene vínculos con Aqualia, parece haber desempeñado un papel clave en el diseño de la licitación. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego, ha respaldado el proceso de adjudicación a pesar de las evidencias presentadas por la oposición que señalan múltiples irregularidades.
Investigación en San Javier
La Fiscalía de Cartagena inició una investigación acerca del proceso de licitación del contrato de agua en San Javier. La Fiscalía busca determinar si se han cometido irregularidades, especialmente debido a la relación entre Ingeagua y Aqualia. Además, se investiga al Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García, quien tenía una relación cercana con FCC Aqualia debido a su trabajo previo en la Oficina Técnica Municipal de Moratalla.
Un Modelo Cuestionado
El modelo de actuación de FCC Aqualia, caracterizado por prácticas cuestionables en procesos de licitación, ha llamado la atención de la justicia en dos países. Tanto en España como en Colombia, las autoridades están investigando estas acusaciones de irregularidades en contratos de agua, lo que plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión de recursos vitales como el agua.
A raíz de una denuncia presentada por el grupo político Pleamar, la Fiscalía de Cartagena inició una exhaustiva investigación en septiembre acerca del proceso de licitación del contrato para la gestión del agua en el municipio. En este contexto, la Fiscalía solicitó al ayuntamiento y a la Mesa de Contratación información detallada sobre las propuestas presentadas y los criterios de evaluación empleados por la mesa de contratación. Esto se hizo con el objetivo de determinar si se han cometido irregularidades, tal como sugieren los primeros indicios.
El alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) está en el ojo de la polémica al respaldar el proceso de adjudicación, a pesar de las evidencias presentadas por la oposición que señalan múltiples irregularidades. A pesar de las advertencias de la oposición sobre posibles perjuicios para San Javier en caso de que el proceso sea anulado, el alcalde ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de suspender o detener el procedimiento.
Las sospechas de irregularidades en el proceso se intensificaron cuando se reveló que Ingeagua, la empresa encargada de evaluar las ofertas había alentado a Aqualia, también cliente suyo, a participar en el concurso. Esta práctica habitual de Ingeagua con Aqualia se ha repetido en licitaciones públicas en toda España, donde la consultora acaba desempeñando un papel dual en el proceso, siempre en beneficio de la filial de FCC. En respuesta a estas sospechas de ilegalidad, la Fiscalía ha centrado su investigación en Aqualia y busca acceder al contrato con Ingeagua para esclarecer esta relación y determinar si existen irregularidades.
Otro aspecto bajo investigación en San Javier involucra al Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García, quien fue el responsable de seleccionar y contratar a Ingeagua para diseñar y gestionar la licitación del contrato de agua en San Javier. Lizán García tenía una relación cercana con FCC Aqualia debido a su anterior trabajo en la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, donde supervisaba un contrato de servicios de agua gestionado por esta empresa.
La mesa de contratación, el alcalde de San Javier, sus concejales y la empresa Ingeagua podrían enfrentar cargos por diversos delitos, siguiendo un patrón similar al que recientemente se ha visto en Colombia.
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