Revelación de Vínculos Laborales del Alcalde de San Javier con el Contratista de Aqualia Tras un Contrato de 247 Millones de Euros
En el proceso de licitación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en San Javier, Murcia, ha surgido un giro sorprendente. Investigaciones a las que este medio de comunicación ha tenido acceso han revelado una relación laboral previa del alcalde José Miguel Luengo Gallego con el principal contratista de obras propuesto por Aqualia, la empresa que finalmente obtuvo el contrato municipal de 247 millones de euros. Este hallazgo plantea preocupaciones crecientes sobre posibles conflictos de interés en el proceso de licitación de este servicio vital en el municipio murciano.
José Miguel Luengo Gallego, un ingeniero con una formación técnica especializada en topografía y urbanismo, trabajó en la empresa José Diaz Garcia S.A. hasta 2011 y presidió la mesa de contratación encargada de la adjudicación a Aqualia.
José Díaz García S.A., una empresa de construcción con sede en San Javier, que se destaca a nivel nacional por su especialización en la ejecución integral de proyectos, ha sido propuesta por Aqualia como la contratista encargada de llevar a cabo las obras civiles necesarias en el municipio, según la documentación pública relacionada con el proceso de licitación.
La relación laboral de José Miguel Luengo Gallego con el contratista comenzó en 2008 y se extendió hasta 2011, cuando inició su carrera política como diputado en la Asamblea Regional de Murcia y como concejal de Obras, Servicios Municipales y Pedanías en el Ayuntamiento de San Javier.
Desde junio de 2015, José Miguel Luengo Gallego ocupa el cargo de alcalde en San Javier, con una asignación salarial anual de 52,000€, además de ejercer la presidencia en la comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Una preocupación destacada es que, en su papel de alcalde, Luengo Gallego también preside la Mesa de Contratación del municipio, una entidad encargada de tomar decisiones sobre los contratos públicos. Esto incluye supervisar la declaración responsable relacionada con la capacidad y solvencia de los licitantes, determinar la exclusión de licitadores que no cumplen los requisitos, asignar puntuaciones a los licitadores y seleccionar al licitador que obtiene el contrato. De manera curiosa, la mesa de contratación respaldó la propuesta de Aqualia como ganadora del contrato de 247 millones de euros en septiembre, el contrato más grande en el ámbito municipal.
Este reciente hallazgo plantea interrogantes sobre si la relación laboral previa del alcalde pudo influir en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia. En respuesta, grupos sociales y partidos de la oposición en el municipio han estado presionando para detener el proceso de contratación y llevar a cabo una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer posibles conflictos de interés en el proceso de licitación.
La Fiscalía de Cartagena ha planteado serias interrogantes sobre el proceso de licitación. A solicitud del grupo municipal Pleamar, en septiembre pasado, la Fiscalía de Cartagena inició una investigación en relación con la adjudicación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, debido a la detección de indicios de posibles actividades delictivas en el concurso público.
Además, la atención de la Fiscalía también se ha centrado en la conducta controvertida del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien tenía vínculos previos con Aqualia y, paradójicamente, fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones políticas de favoritismo y de tráfico de influencias en el proceso de selección, lo que agrava aún más la situación.
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