En el pleno ordinario del 19 de octubre en San Javier (Murcia), el gobierno del Partido Popular, liderado por el alcalde José Miguel Luengo Gallego, junto a sus otros 10 regidores, han otorgado a Aqualia la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, para los próximos 20 años por un importe total de 247 millones de euros.
Una concesión que se hace en plena tormenta de escándalos que rodean a todo el proceso de licitación. De hecho, llega cuando el plazo para presentar recursos aún no ha finalizado; además, han salido a relucir los posibles tratos de favor del alcalde hacia Aqualia; y, por supuesto, la investigación por parte de la Fiscalía de Cartagena por observar presuntos indicios de criminalidad en el proceso de licitación, y las sospechas de los tratos de favor entre Ingeagua y Aqualia. Una montaña de escándalos que han marcado esta licitación.
La aprobación del nuevo contrato para la gestión del agua potable y el alcantarillado de la localidad murciana se encuentra en medio del plazo legal para la presentación de recursos ante el Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales (TacRC). El Ayuntamiento de San Javier ha adjudicado el contrato a Aqualia antes de finalizar el proceso legal de presentación de recursos a la adjudicación, que finaliza hacia el 26 de octubre. Una situación que, en caso de aceptación a trámite de los recursos presentados, podría generar que se tenga que revertir el proceso de contratación, incrementando exponencialmente los gastos administrativos municipales para la contratación del servicio.
También se ha conocido recientemente que el alcalde popular, Luengo Gallego, estuvo empleado durante 3 años en el principal contratista de obras propuesto por Aqualia, José Díaz García, S.A., para realizar todas las obras civiles que se den a lo largo de los 20 años de duración del contrato. Además, como alcalde también es el presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano encargado de la resolución de los contratos públicos. Entre sus funciones, está otorgar la correspondiente puntuación a los licitadores y seleccionar un licitador para la adjudicación de los contratos. Justamente, la mesa de contratación dio luz verde en el mes de septiembre a la propuesta de Aqualia.
El polémico contrato del agua, el más cuantioso del consistorio, también está en vía de investigación por parte de la fiscalía. El pasado 11 de septiembre, la Fiscalía de Cartagena comunicó al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) que en la licitación del contrato de agua se podía observar un presunto indicio de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. El fiscal solicitó al ayuntamiento y a la Mesa de Contratación información sobre las ofertas presentadas y sobre los sistemas de puntuación utilizados por la mesa de contratación, para poder determinar si se ha habido alguna ilegalidad. Esta investigación todavía está en curso.
Otro dato que se añade a la montaña de indicios de ilegalidades que arrasan el proceso de licitación del servicio de agua y que tienen a Luengo Gallego en el epicentro es el conflicto de interés entre Ingeagua, empresa responsable de valorar y analizar todas las ofertas, y Aqualia. Cuando Ingeagua gestiona el proceso de licitación y Aqualia -que a su turno es cliente del propio Ingeagua– se presenta y gana el concurso en la mayoría de las ocasiones. Esto se traduce en cientos de millones de euros conseguidos con esta práctica por todo el territorio español. La estrategia que utilizada es simple: un municipio pide el asesoramiento de Ingeagua como consultora especializada, quien luego impone las condiciones y especificaciones del concurso, las cuales benefician a Aqualia.
La adjudicación del servicio de agua se ha aprobado en el pleno con los 11 votos del Partido Popular, la abstención de los 3 concejales de VOX y el voto en contra de los 3 concejales del Partido Socialista, los 2 de Pleamar y el único concejal de Unidas Podemos San Javier. En el mismo Pleno se ha acordado la continuidad en la prestación del servicio municipal hasta la firma del contrato de la nueva concesión, que tendría lugar una vez resuelto, en su caso, las reclamaciones, recusos o alegaciones que se puedan presentar.
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